Golpe de Estado en Honduras/Las cosas por su nombre

Golpe de Estado en Honduras/Las cosas por su nombre - HologramaBlanco

Al triunfar la Revolución Sandinista en Nicaragua, Centroamérica, el gobierno de Washington insta a Paz García a que organice elecciones libres en Honduras. Las legislativas se llevaron a cabo en 1980; un año después resultaba electo constitucionalmente Roberto Suazo Córdova. Suazo dio paso a la constitución de 1982, pero también a una siniestra etapa de terror, búsqueda y eliminación de elementos de la izquierda que, aun hoy, es tema tabú en la sociedad hondureña. Ante estos hechos y esta realidad, puedo preguntarme con mucha bronca e ironía sobre ¿qué clase de Constitución se aprobó en el 82 que de ninguna manera condena ese tipo de prácticas ilegales, de persecución, tortura, desaparición y muerte?, ¿qué clase de Constitución tiene el pueblo de Honduras que permite el hambre, la injusticia, la marginalidad, la segregación, la inequidad?, ¿qué clase de Constitución tiene Honduras que permite que militares entren en la madrugada a la casa del presidente democráticamente elegido y lo expulse del país? Y sobre todo ¿Hasta donde puede prohibirse modificar a un Pueblo su Constitución si así lo creyera conveniente? Honduras ha reformado 22 veces su Carta Constitucional, la última reforma data de 1982.

En la Constitución de Honduras de 1982, como en cualquier otra, es posible encontrar líneas que lleven a alguna contradicción en la práctica. No es un escrito perfecto ya que fue escrito por las manos de hombres. No obstante, es la Constitución vigente en ese país y a ella hay que comenzar a referirse para el más breve análisis sobre el reciente conflicto de poderes.

Quienes secuestraron al presidente Manuel Zelaya y pusieron en su lugar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, afirman que todo el proceso fue hecho de forma legal y en respaldo a la Constitución. Supongo que, como suelen hacerlo las sectas religiosas, han pasado tijera por un par de párrafos y lo han invocado para justificar toda la violencia y arbitrariedad de la que hicieron gala.

Los artículos que parecerían darles la razón a los golpistas son el 239 y el 374. En resumen, ambos dicen que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos”. Más adelante dice: “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República”.

Pero la realidad está compuesta de varios niveles de integración. Notemos en principio que los partidarios del golpe de Estado entienden que “cesar de sus respectivos cargos” incluye 1) el allanamiento de domicilio; 2) el secuestro por la fuerza de las armas de un presidente; 3) el exilio forzado de todo un grupo, ahora disidente; 4) la desaparición de sus colaboradores; 5) la suspensión de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos (disidentes) de ese país; 6) la intervención de los medios de prensa que no les son favorables, como si no fuera suficiente tener de lado a la prensa más influyente; 7) la promoción de marchas a favor del nuevo régimen y 8) la represión violenta de los manifestantes en contra.

La discusión central debería radicar en estas y otras violaciones a los derechos humanos que comete un “proceso democrático con el apoyo unánime de la población”, definida por el presidente de facto como un ejército de “siete millones de soldados”. Por no ir más lejos con una discusión sobre las tensiones sociales, económicas e ideológicas que históricamente han sido estigmatizadas como demonios comunistas.

Pero la misma Constitución, en el artículo 45, dice que “se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”. El artículo 2 dice que “la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria”. Y el artículo 3 complementa: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas”.

No obstante, la acción del presidente Zelaya que se alega ilegal consistió en convocar al pueblo para una encuesta no vinculante que podría proponer, o no, un referéndum sobre la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones de noviembre donde él no sería ni podría ser candidato reelegible.

Esta práctica está amparada en el artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana de 2006, según la cual es posible realizar consultas populares no vinculantes sobre una gestión o una propuesta política. El decreto 32006 aprobado por el mismo Congreso Nacional de Honduras, invocando “la Constitución de la República establece que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan los Poderes del Estado” y considerando que “la evolución y la dinámica del comportamiento social [...] debe ser modernizada para no limitar el ejercicio de los derechos constitucionales”, establece en su artículo 5 que “la iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes: Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general [...] para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten”.

Es decir, en ningún momento se intentó realizar un referéndum para reformar la Constitución. Ni siquiera se propuso una consulta vinculante para promover dicho referéndum. Si las encuestas populares “no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante”, entonces no hay directa ni indirectamente un proceso de “reforma de la Constitución”. Ahora, ¿para qué sirve una Asamblea Nacional constituyente? Para redactar una nueva Constitución, ya que la actual, si bien reconoce que el soberano es el pueblo (no sus representantes), al mismo tiempo no reconoce que este pueblo pueda cambiar su propia Constitución en lo que refiere a la forma o el período de sus gobiernos usando medios pacíficos y democráticos.

Yo me pregunto si en la Casa Presidencial de Tegucigalpa, con tanto verde oliva dando vuelta por estos días, no han desaparecido los diccionarios y las enciclopedias con tanto ajetreo, con tanto desalojo forzoso, con tanta mudanza precoz, o quizás el estado senil de ese pequeño enano de pelo blanco que hoy hace las veces de “presidente” le impida que sus neuronas puedan funcionar correctamente y pueda recordar, aunque sea dificultosamente, lo que encierra y significa un golpe de Estado como el que él y sus cómplices perpetraron en Honduras. Porque solo así se puede considerar y explicar que este inquilino mal parido, Roberto Micheletti, no se haya enterado todavía de que un golpe de Estado es una actuación violenta por la que un grupo intenta apoderarse de los resortes de un gobierno. Es decir, lo que él y el jefe de las fuerzas armadas, el general Romero Vásquez, perpetraron el domingo 28 de junio en ese país.

Los golpistas, en tanto, hablan de “sucesión constitucional” y de “absoluta normalidad”. La imagen del presidente Manuel Zelaya en San José, con el pijama con el que lo capturaron los militares, habla por sí misma de que esa “normalidad” que señalan las nuevas autoridades sólo lo es para Micheletti.

Enrique Ortez, el nuevo canciller, llegó al surrealismo al explicar las causas del apagón informativo. Según él, fueron saboteadores del gobierno anterior los que cortaron la señal de los canales estatales, próximos a Zelaya.

Ni que hablar del toque de queda que rige de 21 a 6. Los datos oficiales que manejan los golpistas son concluyentes: se han reducido los delitos callejeros un 23 por ciento. Y claro que nadie lo duda, al toque de queda hay que agregarle la suspensión de garantías constitucionales, lo que nos hace darnos cuenta que estar en la calle no es lo más aconsejable para nadie por estar horas, y no lo es ni para los ciudadanos “honrados” y “comunes”, ni para los delincuentes, ni para los “mareros”, ni para nadie en general.

En Honduras, uno de los tres países más pobres de América Latina junto con Haití y Nicaragua, la riqueza siempre ha estado en manos de un puñado de familias. Y los partidos políticos han sido, tradicionalmente, refugio de filibusteros y arribistas que agrandaban su bolsillo a costa de los más desfavorecidos.

Sobre el presidente destituido pesan acusaciones de corrupción y abuso de poder. Los mismos cargos que siempre perturbaron el sueño de otros mandatarios hondureños y a los cuales jamás se les ha realizado juicio alguno, ya no hablamos de golpe de Estado. Y hay que darnos cuenta que aquellos que quieren enjuiciar y encarcelar a Zelaya son los mismos que se declaran demócratas pero han participado o avalado un golpe de Estado.

Hablan de democracia y horas después de que los militares derrocaran al presidente, la caza de funcionarios se desató por las calles de Tegucigalpa y los arrestos se multiplicaron. Armando Sarmiento, que hasta ese momento era el encargado de recaudar los ingresos públicos, fue detenido e interrogado por un comando. Una vez liberado, no lo dudó y se refugió en la embajada argentina en ese país. Mientras tanto, su mujer, argentina, asesora de la primera dama, sigue refugiada en algún lugar de las montañas, según declaraciones realizada por ella a la prensa argentina, “Hay detenciones arbitrarias por todos lados. Es más, en estos momentos hay gente desaparecida, como el candidato presidencial del partido de izquierda, Germán Ham, de Unificación Democrática, de quien no se conoce paradero desde el domingo. Además, desde el interior del país, decenas de micros repletos de campesinos e indígenas están intentando llegar a la capital para mostrar su apoyo al presidente Zelaya y, por lo que sabemos, los puestos militares en las rutas los están tiroteando”.

La consulta fue solamente un elemento más en una cadena de mitos que la propia elite construyó y se terminó creyendo. El golpe no fue improvisado y ejecutado de un día para el otro, fue planeado con tiempo, y eso puede verse no solo en la forma en que en pocos minutos habían tomado los puntos estratégicos de la ciudad, sino en la actitud de los principales medios y cómo éstos ya tenían toda una cobertura armada para legitimar a los golpistas de manera inmediata. Desde hace tiempo que se venía diciendo que luego del referéndum Zelaya iba a disolver el Congreso, reformar la Constitución y hacerse reelegir. Cosas que son mentiras, o a lo sumo son cosas que no pasaron y no puede juzgarse un delito sin que ocurra. El referendum era solo una consulta y los resultados iban a ser remitidos al Congreso para que éste los evaluara. Ellos iban a tener la última palabra, nunca se previó usurpar esa facultad. Es más, el golpe estaba originalmente planeado para el jueves 25, y eso puede verse en un error muy burdo de parte de los golpistas: la carta falsa de renuncia de Zelaya está fechada ese día. Ni siquiera la cambiaron.

A nivel internacional, el golpe de Estado en Honduras está “abortado”; el repudio mundial y la ofensiva diplomática “son irreversibles”. Pero internamente les está funcionando. El gobierno de facto tiene el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y un dominio férreo de los medios de comunicación. También, hay que reconocerlo, a causa de la desinformación un sector de la población les responde a ellos. Es decir, el frente interno estuvo bien planeado, pero el externo se descuidó. O se supuso mal, creyeron otra cosa.

Torres, un veterano del periodismo crítico hondureño y analista reconocido dijo que: “A juzgar por la forma como las fuerzas golpistas de Honduras están agitando el discurso del antichavismo para justificarse, como en el pasado esa misma clase política esgrimió el anticomunismo, lo que estamos viendo en Honduras estos días es el primer capítulo de la nueva guerra fría en la región”, señaló en una entrevista telefónica. Debemos aclarar que, hacia mediados del año pasado Zelaya tuvo la habilidad de percibir la necesidad de un cambio y empezó a virar su discurso, con un contenido más antioligárquico. Se puede decir también que le faltó recorrer la enorme distancia entre las palabras y los hechos. Su acercamiento al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y a las políticas del ALBA despertaron en Honduras a los viejos fantasmas anticomunistas de la derecha más recalcitrante. La fuerte reacción en su contra no fue tanto por sus acciones, sino por lo que decía, por el temor de lo que pudiera hacer.

El investigador del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh) también aseguró que desde las primeras horas del golpe de Estado las marchas y contramarchas en Tegucigalpa reflejaron la extrema polarización de la sociedad. “No es una polarización de ahora, sino como una condición que los políticos alentaron desde hace años. Y en este marco de sociedad dividida, el bloque de ultraderecha tiene la ventaja de contar con el respaldo de la alianza empresarial, mediática y militar.”

La decisión de derrocar a Zelaya fue respaldada por los dos partidos mayoritarios, el Nacional y, significativamente, el Liberal, que decide derrocar a uno de los suyos. Torres describió a los partidos políticos hondureños como “caparazones carcomidos”. Citó, como ejemplo, la cifra de votos obtenidos por los dos principales en las últimas elecciones presidenciales de 2005: el PL ganó apenas con 16 por ciento y el Nacional perdió con 14 por ciento.

Más de doscientas mil personas se movilizaron de todas partes del país para exigir la restitución del Presidente Manuel Zelaya este 4 de Julio. La escena que el gobierno de facto de Honduras envió el 31 de junio al mundo parecía perfecta, pero frente a esta convocatoria u otras convocatorias luego del golpe, no lo es, porque más de cinco mil hondureños habían colmado la plaza central de Tegucigalpa en un hermoso día de sol, pero no eran tantos como se creían. Ahí estaban con coloridos carteles ovacionando al nuevo presidente asumido al calor de las armas, Roberto Micheletti. Excepto por los militares que flanqueaban al mandatario de facto, no se veían soldados ni policías en ningún lado. Los nuevos guardianes del poder estaban en la otra punta de la capital, esperando a los miles de opositores que intentaban denunciar la otra cara de Honduras.

Aclaremos o insistamos que hasta el domingo a la madrugada, cuando un comando militar lo sacó en pijama del Palacio Presidencial y lo subió a un avión con destino a Costa Rica, a Zelaya no lo habían acusado de ningún delito formalmente, ni le habían iniciado un juicio político.

Micheletti, el presidente del Congreso hondureño devenido en dictador, advirtió que no permitirá la vuelta del mandatario legítimo. “Si el señor ex presidente de la República llega aquí se tendrá que enfrentar con las diferentes órdenes de captura que tiene de parte de la Corte Suprema de Justicia, de los juzgados y de la Fiscalía”, amenazó el hombre, escoltado por la cúpula militar. Pero este Domingo Zelaya a dicho que iba a volver a su país a recuperar su poder y si lo lograra, es decir no lo matan o lo encierran en el camino de regreso, deberá enfrentar un Congreso, un Poder Judicial y una Fiscalía Nacional controlados por los sectores opositores, que apoyaron el golpe de Estado. Hasta el fiscal general Luis Rubí se sumó a la amenaza de Micheletti y le advirtió a Zelaya que si pisa territorio hondureño podría ser condenado a 20 años de cárcel, por 18 delitos, entre ellos abuso de la autoridad y traición a la patria.

Hasta ahora hay un total de dos muertos, 37 heridos y 360 detenidos según el balance ofrecido el viernes por el presidente del comité de Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, Andrés Pavón. Según otras fuentes se han producido dos muertes comprobables por la represión (y algunas otras sin comprobar), pero los heridos hacienden a 200 y los detenidos a más de 500. Asimismo, Pavón reveló que se ha acercado hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia y constató que esta fuertemente militarizada y custodiada por funcionarios del alto mando militar.

Por otro lado, señaló que la organización que preside presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se suspendió al presidente Zelaya.

"La Constitución de la República no le da facultades al Congreso de decretar la suspensión de Manuel Zelaya y eso significa que todo el comportamiento tanto del honorable Congreso como de los diputados que participaron en este golpe de Estado técnico militar son actos de naturaleza fáctica, son actos nulos", explicó.

Pavón también denunció los reclutamientos ilegales de jóvenes que serían usados como militares, el cual consideró un abuso de poder de las fuerzas armadas y del general destituido por Zelaya, Romeo Vásquez Velasquez.

A su llegada a la capital hondureña para apoyar al pueblo de esa nación y a su presidente legalmente constituido, la Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, declaró que "se ha producido un golpe de Estado en Honduras (...) por lo que "venimos a acompañar a las organizaciones de derechos humanos y a los hermanos hondureños".

Recordemos una vez más que el problema se originó cuando Zelaya convocó a una consulta popular con el fin de establecer una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta magna para el país. El decreto, que fuera aprobado por el Consejo de Ministros, señalaba que conforme a la ley se debería realizar “una amplia consulta popular en todo el territorio nacional, para que la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y apruebe una nueva Constitución política”. La consulta se celebraría a más tardar el último domingo de junio y la organizaría el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La pregunta que se le realizaría a la población hubiera sido la siguiente: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución política?”.

El decreto señala que “la Constitución vigente no prevé un procedimiento para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”, razón por la que el Ejecutivo, “como una forma de practicar la democracia participativa, apela al mecanismo de la consulta popular” para saber si los hondureños demandan una nueva Constitución”.

“El resultado de la consulta serviría de legítimo fundamento para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso Nacional (Parlamento) un proyecto de ley especial para colocar la cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de 2009″, aclaraba ese mismo decreto, lo que le estaba otorgando la última palabra al mismo congreso para decidir sobre el resultado del mismo.

El infeliz de Micheletti dijo en una entrevista al diario “El Mundo” esto: “Yo fui nombrado por el congreso nacional que representa el pueblo hondureño así que nadie me puede hacer renunciar si yo no cometo delitos. El 80% de la población está a favor de este gobierno”, si fuera tan alta la tasa de apoyo popular no necesitaría decretar un toque de queda ni suspender las garantía constitucionales, porque la oposición no sería lo suficientemente desestabilizadora, si cada país del mundo tuviera que hacer un toque de queda porque un 20% esta en desacuerdo, todos los países vivirían bajo el toque de queda y las suspensión de garantías, pensar en los países donde el país esta dividido por la mitad, como en Estados Unidos o España. Si tienen el 80% de la población a su favor y saben que no hicieron nada malo, entonces nadie se les opondría, ni los criticaría, ni los combatiría. Pero la realidad es otra, señor Micheletti, el 20% nada más lo apoya, el resto desaprueba su accionar y por eso lo rechaza, y por eso necesita el uso de la fuerza Armada para defender tanto atropello e ilegalidad. Y si ha cometido un delito, expulsar por la fuerza a un presidente elegido democráticamente.

Si el país y los opositores al gobierno estaban en desacuerdo con la política que llevaba a cabo Zelaya, en Noviembre existían elecciones para formularse en contra, porque es el lugar donde uno debe mostrar su desacuerdo, de cualquier forma tenemos que recordar que Zelaya no iba a presentarse, con o sin Referendum, porque ya no sería presidente, su mandato terminaba ese mismo día. La verdad es que expulsar al presidente del país de madrugada y a punta de pistola, cerrar televisiones y sacar al ejército a la calle, es un golpe de Estado de manual de la CIA (y acá hay una crítica al gobierno del señor Obama. En un país con tanto apoyo militar y de servicios de inteligencia como el que tiene Estados Unidos en este país y en el mundo, ¿No sabían nada de este golpe de Estado? Es lamentable que hablen y critiquen políticas como las de Irán y Corea del Norte con tanto énfasis, según los trabajos de inteligencia que presentan diariamente, pero no salgan al mundo a prevenir a presidentes como éste por peligro de golpe de Estado. También me parece lamentable que Obama salga a criticar el golpe y siga sin decir nada de lo que pasó en Bagua). Por otro lado, haber presentado en pleno congreso una carta falsa del presidente Zelaya, con fecha de tres días antes al golpe, es un delito grave, porque se hace usurpación del cargo público, usurpación de nombre, presentación de documentación falsa, agravado por el estado de crisis institucional en que se vive, no puede dejarse de lado, y si la Corte y la Fiscalía se pronuncia con tanto énfasis en los delitos de Zelaya, ¿Por qué no dicen nada de Micheletti y el resto de personas que estaban en el Congreso o leyeron la carta? Ahí se vuelve a ver que todo esto está armado de forma burda e impune. Y por último, si todos estaban tan en contra del presidente, ¿Por qué se necesita tanta prohibición, tanta persecución, tanta represión y control? Si nadie quería un Referendum en Noviembre, ¿Por qué no dejar entonces que se haga la consulta, si iban a perder por amplia mayoría?

Este ha sido un golpe de estado y no se debe equivocar uno en pensar que fue una cosa diferente, debemos evitar caer en el error de no llamar a las cosas por su nombre, porque así se encubre la verdad y los asesinos y enanos estafadores salen ganando y el pueblo perdiendo.