Entre Sombras y Espejos

Desde el domingo por la noche y durante buena parte del fin de semana largo de Carnaval, hubo por lo menos tres intentos de ocupaciones en distintos complejos habitacionales ubicados en el Bajo Flores y Villa Soldati, pero sólo el que trascendió mediáticamente fue el que tuvo éxito. Las tres construcciones donde hubo intentos de toma están destinadas a gente que vive a la vera del Riachuelo y cuya mudanza es parte de la política de recuperación de ese curso de agua que impulsa la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Así se intentó ocupar el complejo ubicado en General Paz y Castañares donde se deberían relocalizar 220 familias de las villas 21-24; el complejo ubicado en Lacarra 2049 que tendría que albergar a 28 familias del asentamiento Magaldi de Barracas; y el que efectivamente fue tomado emplazado en avenida Castañares y Portela, donde deberían ubicarse 44 familias del asentamiento Luján, también de la zona de Barracas, según surge del programa de erradicación y localización que tiene el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

“Se sabía que se producirían esas tomas, era cantado. Sólo había un patrullero para semejante complejo de más de 600 viviendas en total. Era inevitable. Fueron diez madres con sus bebés en brazos y ¿qué iba a hacer la policía? ¿Reprimirlas? Pero desde hace semanas sabíamos que esto iba a suceder. Es sugestivo que siempre haya mayor presencia policial, incluso con seguridad privada y que, de repente, quede sólo un patrullero”, apunta Ángel Miguel Oga, delegado del asentamiento Luján y miembro de la Cooperativa Riachuelo Matanza Limitada de la CTA.

Para Oga, entre los ocupantes “hay de todo, la mayoría es gente genuina con una necesidad” pero también se pregunta: “Si vos querés vivir en una casa y para ello la tomás, ¿le rompés los calefones? Es difícil, por eso digo que hay de todo”.

En La Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay más de 160.000 personas que viven en casas usurpadas. No es una estadística más, un número, de un desborde reciente, sino más bien de un drama silencioso que avanza lentamente y va devorándolo todo.

Pero el problema no se queda solamente ahí, además de los que viven en casas tomadas, hay 100.000 habitan en villas de emergencia y 90.000 están en hoteles y pensiones en condiciones inhumanas y otro número significativo viven en centros y albergues de ayuda que el Estado Nacional y de la Ciudad tienen habilitados. Es decir, que más de 350.000 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen problemas habitacionales graves.

“La pobreza en Buenos Aires se define por los problemas habitacionales –aseguró Jorge Srur, presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña-. Las otras necesidades se resuelven de alguna manera. Hay ayuda alimentaria, escuelas y el sistema de hospitales de la ciudad es el mejor del país, pero el techo es lo primero que se pierde”.

Un reporte oficial indica que en 2010, hubo 961 ocupaciones ilegales. El conteo abarca no sólo espacios públicos como el Indoamericano y el Club Albariño, sino también espacios privados. La zona sur/sudoeste de la ciudad es la más afectada

Según informa un conocido matutino, diciembre fue el mes en el cual se registraron más ocupaciones, con un total de 109. Diciembre fue también el mes en el cual ocurrieron sendas tomas del Parque Indoamericano y el Club Albariño, los casos de mayor repercusión. En noviembre se registraron 94 casos, en septiembre 88 y octubre, 85. Julio -el mes con menos hechos investigados- igualmente contabilizó un total de 67 tomas.

Según el diputado porteño por Nueva Dirigencia, 150.000 personas ocupan ilegalmente viviendas que pertenecen al Estado o a particulares. En lo que va del año, se produjeron 259 ocupaciones. La última toma se dio el fin de semana pasado, decenas de “okupas” provenientes de las villas cercanas al barrio Parque Avellaneda, ocuparon en total 204 viviendas construidas por el Gobierno de la Ciudad, situados entre la avenida Castañares y la calle Lafuente de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires. Los “okupas” anticiparon que sólo se irán de allí si les otorgan una vivienda digna.

La crisis sociales, económicas y políticas a lo largo de nuestra historia, pero sobre todo la que ocurrió en el año 2001, afectó a la mayoría de la población, llevó a que el Estado implementara programas de gran cobertura con el fin de atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas, pero esas medidas no cubrieron todas las necesidades de los ciudadanos. Uno de los efectos más significativos de estas crisis se manifiesta en la profundización negativa de la situación habitacional existente. La población de bajos ingresos no tuvo acceso a nuevas viviendas, ellos continúa autoproduciendo masivamente sus viviendas y en forma irregular respecto a las normativas urbanas; mientras que la inversión privada esta dirigida casi exclusivamente a los sectores socio – económicos altos y medios altos. Planes, créditos, facilidades, prestamos, beneficios no están dirigidos a la porción de la población que más necesita de ellos. Los Planes son escasos, las viviendas que el Estado construye son ínfimas con relación a la cantidad de personas que necesitan vivienda, las Empresas construyen pensando en los beneficios y las ganancias y no en la problemática habitacional del la Ciudad.

En los últimos años se han seguido aplicando programas ya existentes, pero también se han diseñado y ejecutado en distinto grado, una serie de planes y acciones de acceso, promoción o mejoramiento del hábitat de los sectores populares y de los sectores medios, tanto desde el Estado nacional, provincial y municipal, como de ONG’s técnicas, entidades religiosas y caritativas, pero todo esto no ha sido suficiente para cubrir el, cada día más grande, número de personas con dificultad en la vivienda.

La ciudad es un producto de procesos diversos, independientes y aún contradictorios: producción de territorio, soporte físico, localizaciones diferenciadas, procesos demográficos, económicos y culturales. Pero la sociedad parece percibir la Ciudad desde otra perspectiva. La Ciudad se diagrame en función a las necesidades del mercado. Siempre la contraposición ciudad-interior, o ciudad-campo a estado presente. Hoy en día, se cree que la mayoría de los inmigrantes son de países latinoamericanos, pero eso es un error, los inmigrantes son de las provincias argentinas que los expulsa. Parte del crecimiento argentino se basa en la fiebre de la soja, de la cual es el tercer exportador mundial (el ciclo 2010-2011 concluirá con 52 millones de toneladas). Pero la soja no genera empleo. Y los que lo pierden se vienen a capital y sus alrededores. Prefieren ser coyunturalmente los «pobres entre los pobres» pero estar cerca del trabajo y los servicios

La ciudad contemporánea puede ser entendida antes que como
vértice de la soberanía territorial o en tanto que espacio arquitectónicamente
funcionalizable, en términos de medio adaptable y, por tanto, como el soporte y el elemento de un cierto incremento de la circulación de las acciones sociales, económicas y políticas, como una cantidad masiva de efectos que se afectan unos a otros y afectan a quienes circulan en él y, por sobre todo, como un campo privilegiado de intervención gubernamental. Pero la Ciudad refleja las miserias de nuestra condición, la mediocridad de nuestra existencia, dejando aflorar lo peor de nosotros, eso que tan bien explota el mercado. En la Ciudad el que tiene dinero puede disfrutar de todas las ventajas que la ciudad le da, el que nada tiene, intenta subsistir con las migajas que la ciudad bota a la basura.

La ciudad contemporánea es un medio geográfico, social, económico y político no tanto de extracción y depósito de productos como de concentración e intensificación de los procesos de producción y acumulación: producción geográfica de espacio que hace posible la acumulación de emplazamientos, producción social de vida que permite la acumulación de población, producción económica de conexiones que torna viable la acumulación de trabajo y producción política de administración que maximiza la acumulación de utilizaciones. De la misma manera, es concentración de diferencias, de extractos, marginación por doquier se alumbran con la iluminación que la ciudad otorga a los habitantes de las grandes metrópolis.

Desde esta perspectiva, entendida en su dimensión de medio geográfico, la ciudad puede ser considerada como una disposición, un asentamiento, un emplazamiento sobre la tierra, más que un simple conjunto de calles y edificaciones, una conjunción de vías y construcciones que recubre, que tapiza el suelo; concebida en su dimensión social, como una población densa y numerosa, esto es, como una intensificación de la aglomeración, del amontonamiento, de la acomunación de los hombres; pensada en su dimensión económica, como la primacía de la industria y los servicios sobre la
agricultura o, lo que es lo mismo, como el predominio de los sectores
secundario y terciario de la producción sobre el primario; y considerada en su faceta de medio político, como una unidad administrativa relativamente autónoma capaz de sostener la multiplicación y superposición de los usos del espacio a partir de la intensificación de la administración de sus relaciones y correlaciones.

La Ciudad nos condena y condena al resto de la nación. Desde le comienzo de la historia Argentina, y si se quiere, desde que la Revolución Industrial modificó la estructura social, la geografía territorial, la ciudad ha sido la vedette.


Ninguna sociedad, capitalista ni socialista, consiguió resolver el problema habitacional de tal forma que la totalidad de la población resida en viviendas dignas. El concepto de vivienda digna varia temporalmente, en cada grupo social o clase y se refiere siempre a una sociedad concreta.

Oscar Yujnovsky utiliza el concepto de “servicios habitacionales” que designa un flujo de prestación de servicios que satisfacen diferentes necesidades humanas relacionadas con la vivienda física, pero no restringida a ella, que tienen que ver más con el concepto de hábitat.

El concepto de servicios habitacionales alude al cubrimiento de necesidades tales como: albergue, refugio contra las inclemencias del tiempo, intimidad familiar, espacio de relaciones sociales, seguridad, identidad, privacidad, medio ambiente sano, accesibilidad a los medios de transporte y al equipamiento social.

Las políticas vinculadas al sector de la vivienda y desarrolladas por el Estado Nacional reconocen condicionantes e influencias tanto derivadas del contexto internacional como del ámbito local.

A partir de la década del ‘30 se produce el fortalecimiento del rol del Estado en la dinámica económica y social; convirtiéndose más tarde en el actor central en la configuración y regulación de los diferentes aspectos de la dinámica nacional durante un periodo aproximado de 50 años, respondiendo al paradigma del denominado “Estado de Bienestar”.

A partir de mediados de la década del ‘40 predominaron las políticas universalistas, tendientes a la homogeneización de la población, la integración social y la idea de igualdad. En la segunda mitad de la década del ‘70 comienza un proceso hegemonizado por el denominado modelo neoliberal que cuestionaba el anterior tipo de Estado, afianzándose durante los años ‘90 periodo en el cual las políticas sociales, incluidas las habitacionales, están asentadas en tres ejes que atraviesan sus campos de intervención: focalización, descentralización y privatización.

En los procesos de construcción y gestión de las ciudades intervienen distintos tipos de actores sociales que pueden ser entendidos a un nivel estructural como aquellas unidades reales de acción de una sociedad que, respondiendo a distintas lógicas, a través de sus decisiones y actividades, consensos y conflictos van definiendo y construyendo la vida social y material. En tanto para un análisis específico en una determinada coyuntura social se juzga más apropiado considerar como actores sociales a una agrupación humana o una organización que en forma transitoria o estable tiene capacidad de acumular recursos de distinta índole, desarrollar intereses, satisfacer necesidades e intervenir en una situación determinada produciendo hechos.

Se pueden identificar distintos tipos de actores en razón de su vinculación con la producción y la gestión de la ciudad: actores estatales que dirigen y ejecutan los procesos públicos de producción de la ciudad, actores que se definen en el mercado (económicos), actores que intervienen comunitariamente en la producción de la ciudad (individuos, familias, organizaciones funcionales y territoriales) y actores que articulan políticamente a los diferentes grupos o fuerzas locales (agrupaciones y partidos políticos).

Las cuestiones centrales de la ciudad contemporánea son cuatro: el problema geográfico del acceso a la vivienda; el problema económico del acceso al trabajo –entiéndase bien, al trabajo, no al lugar de trabajo; el problema social de la proliferación del aislamiento, y el problema político de tratar una violencia que no puede dejar de suscitarse en un medio caracterizado por la constante intensificación de la implicación recíproca entre usos y funciones del espacio radicalmente heterogéneos.

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Capitulo V, Hábitat, Articulo 31:

La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regulación dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando de excluir los que encubran locaciones.

Teóricamente, los ocupas tendrían protección constitucional y no debería haber sucedido en la Ciudad de Buenos Aires, aunque Macri reclama por todos los medios el respeto a la ley que él mismo no cumple.

En Argentina se viene de una acumulación de fracasos en todas las políticas que se implementaron para construir viviendas sociales, cuya gravedad se acentuó durante las gestiones de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, por el permanente ajuste o saqueos del ahorro público nacional. Recién ahora, con el advenimiento del kirchnerismo, hay una curva ascendente; tan solo este cambio de dirección produjo, hacia setiembre del 2009, 470.457 soluciones habitacionales en toda la República lo que, aunque positivo, es insuficiente para responder la demanda actual: Argentina necesita tres millones de nuevos hogares.

La necesidad de construir viviendas populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es acuciante y de suma urgencia; el año pasado sólo se ejecutó el veinte por ciento de lo destinado a tal efecto y durante toda la gestión macrista sólo se construyeron 18 unidades de vivienda social. El actual gobierno, que vive haciendo discursos victimizándose del Poder Ejecutivo Nacional, insiste en privilegiar los intereses de los eternos actores de la construcción especulativa: banqueros que dan préstamos hipotecarios usurarios, burócratas sindicales que deprimen salarios para abaratar costos y empresarios especuladores, nacionales e internacionales, que se benefician con altísimas rentas por cada metro cuadrado de construcción en los centros urbanos de la Argentina (Puerto Madero: alquileres a 200 pesos por m2 y ventas a 16.000 pesos por m2).

No hay ninguna excusa para no tener un nuevo plan estratégico nacional de viviendas sociales, provincia por provincia y municipio por municipio, sobre todo el municipio más rico y poderoso del país, como es la Ciudad de Buenos Aires que paradójicamente contiene la mayor cantidad de población hacinada en villas miseria.

El Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) fue creado a principio de los setentas con la finalidad de terminar con el déficit habitacional para el año 2000. Sus fondos sólo podían ser invertidos en vivienda e infraestructura de viviendas, con obligación por ley (o sea que no podían ser desviados). Esta recaudación primaria fue por el aporte de todos los trabajadores, a quienes se descontaba el dos por ciento de su sueldo, más el agregado del tres por ciento del aporte patronal. Cualquier trabajador de más de 55 años recordará este descuento en su recibo. Durante la Dictadura Militar, Martínez de Hoz lo modificó: para favorecer al sector empresarial se aumentó el IVA un tres por ciento (paso del 15 al 18 por ciento), destinado al Fonavi. Con ello, todo ciudadano por el sólo hecho de consumir productos gravados (yerba, azúcar, harina, ropa, etcétera) aportaba para una futura vivienda social. Cuando vino la democracia se volvió a cambiar por el tres por ciento de aporte patronal, pero no se rebajó el IVA, que siguió en el 18 por ciento.

Al asumir, Menem eliminó otra vez el impuesto patronal cambiándolo por el uno por ciento de impuesto a los combustibles (gas, naftas, kerosene, aceites, gasoil), pero tampoco se rebajó el IVA. Y, por último, De la Rúa, acordó pasarlo a rentas generales, hizo la promesa de ingresar capitales de las corporaciones hipotecarias internacionales, las mismas que llevaron a la crisis hipotecaria de todo EE.UU. y Europa (por suerte se fue antes y en helicóptero).

Una vivienda digna y adecuada es la que suple nuestras necesidades habitacionales con todos los servicios esenciales, y que además se financien para que podamos pagar con menos del diez por ciento del ingreso familiar mensual. Nos corresponde por ley, por derechos constitucionales y porque venimos aportando para ella todos los días, todos los meses, y desde hace cuarenta años.

El Gobierno de Macri no hace nada para solucionar los problemas habitacionales de la Ciudad, mucho menos, se plantea reformular los mecanismos de urbanización que no han servido demasiado. Dentro de esta crisis generar, cientos de miles de personas sufren una realidad desesperante que los obliga en muchos casos a vivir en condiciones peligrosas y lamentables, en otras, a ser engañados por delincuentes que lucran con la necesidad y por último, a cometer delitos intentando salir de esta manera de su precaria condición.

El Estado en ninguna de sus formas puede obviar esta realidad, su participación debe ser inmediata. El mercado de ninguna manera podrá solucionar los conflictos generados hasta ahora.

Los “Okupas”, o su correlativo sajón, “Squatts” datan del Londres de fines de la década del 60. Surgen en primera instancia de la necesidad de vivienda de jóvenes de clase obrera o de clase media que buscaban formas alternativas de vida, al margen de la sociedad de consumo y de la producción espectacular de mercancías. Se okupa un inmueble en desuso, que por lo general lleva tiempo abandonado, con el fin, no solo de brindar una vivienda, sino de generar también un espacio cultural alternativo y autogestionado.

De Inglaterra se extendieron rápidamente hacia otros países europeos.
Tal es el caso de Holanda por ejemplo. En donde el movimiento squatter esta ampliamente desarrollado y organizado.

La grave crisis habitacional que sacude a las principales ciudades italianas lleva a que en enero de 1971, familias obreras ocupen espontáneamente un palacio vacío en Milán. Un día después son desalojados por la policía, con la incumplida promesa de que se les iba a encontrar alojamiento.

En junio del mismo año se produce una nueva ocupación, esta vez de un edificio en construcción del Comune (Municipalidad). Días más tarde llegaría el desalojo. Las familias reunidas en asamblea deciden ocupar la facultad de Arquitectura como forma de protesta. Más de tres mil manifestantes rodean la facultad en demostración de apoyo. Se producen duros enfrentamientos con la policía, dejando un saldo importante de heridos. Finalmente las familias consiguieron la asignación de viviendas que reclamaban.

La ocupación no solo le da un techo a quien lo necesita, sino también es un gran método de protesta.

La justicia suele dictaminar medidas de desalojo, las cuales muchas
veces se producen de forma conflictiva y violenta debido a la resistencia de los increpados. Se produce así una larga puja entre los dueños de las propiedades y quienes las ocupan.

A su vez, el Estado carece de gestiones que permitan a los habitantes acceder a una vivienda propia en medio de la pobreza y el desempleo. Mientras los Medios, en general, abordan el fenómeno de “casas tomadas” sólo refiriendo a los desalojos sin más detalles que complementen el por qué de la situación, ocultando así las diversas circunstancias por las que atraviesan los ocupantes.